El Consell de la Comunidad Valenciana publicó el 10 de junio en el Diario Oficial el nuevo reglamento de apuestas que abre nuevos horizontes a la hora de instalar terminales y máquinas auxiliares. Los empresarios ya se han puesto manos a la obra para adaptarse y aprovechar esta gran novedad, las más beneficiadas son las demandadas y tradicionales tragaperras. La normativa abre la posibilidad de la apertura de locales exclusivos de apuestas de un mínimo de 100 metros cuadrados, además de situar terminales de juego en determinados puntos de las salas de juego, casino, bingos y establecimientos de hostelería, además de los locales antes citados.

Toda empresa que quiera acogerse a este nuevo reglamento debe tener domicilio social en la Comunidad Valenciana, por lo que el grupo valenciano Euroapuestas, Sportium, Codere junto a la operadora líder en el País Vasco y Navarra Reta ya están haciendo los preparativos para este nuevo mercado que se abre en esta comunidad y poder hacerse un hueco. La idea es meter máquinas auxiliares en los locales que ya tengan alguna máquina de tipo B –como reza en la normativa-. El tope de equipos es del 15% por cada máquina de tipo B con un límite de 700 por operador. El límite por local es de una única máquina de apuestas. Todas las marcas del mercado parecen muy interesadas en ingresar en el mercado alcanzando el límite permitido y explotando al máximo esta gran oportunidad.

La gran novedad es la incorporación de este tipo de máquinas en instalaciones deportivas si ya existe un previo contrato con el titular del mismo. Un ejemplo serían máquinas tragaperras dentro del campo de Mestalla. El horario establecido con los locales específicos de apuestas será de catorce horas y se seguirá prohibiendo realizar apuestas, a los inscritos en el Listado de Prohibidos por problemas de ludopatía o a los menores.

Tampoco se permitirá participar a los deportistas y personas relacionadas de alguna manera con el evento deportivo objeto de la apuesta deportiva, incluyendo familiares de primer grado. Además tienen que ser grupos solventes y ofrecer una fianza de tres millones de euros para evitar posibles fraudes.

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